La cara de la frontera norte la conocemos mejor, esa no la negamos, pero somos cómplices de lo que pasa : Secuestro de migrantes, una industria millonaria: CNDH
En sólo seis meses, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) detectó que 9 mil 758 migrantes de Centro y Sudamérica fueron secuestrados en México por bandas criminales, algunas en contubernio con las autoridades, creando una industria con ganancias de hasta 25 millones de dólares.
Con base en una investigación realizada en 15 entidades del país de septiembre de 2008 a febrero de 2009, la CNDH encontró la existencia de una amplia red de secuestradores de migrantes de varios países que pasan por México rumbo a Estados Unidos.
En dicha red de plagiarios actúan mayoritariamente lo llamados “polleros”, seguidos por diversas bandas, algunas de las cuales se han identificado como miembros de Los Zetas y de los Maras.
La CNDH presume que la libertad con la que operan estos grupos sólo es posible por la anuencia o la complicidad de las autoridades federal, estatal y municipal.
Al presentar el Informe Especial sobre los Casos de Secuestro en Contra de Migrantes, el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes señaló que en el registro de 198 casos de secuestro salió el número de 9 mil 758 migrantes secuestrados en grupos de distintos números, muchos de los cuales mostraron rasgos de extrema crueldad cometidos tanto por el crimen organizado como por agentes de la autoridad.
Dijo que, durante la investigación realizada en estaciones migratorias, albergues y casas de migrantes, “circunstancialmente” la Secretaría de la Defensa Nacional liberó a 410 migrantes secuestrados.
“La alta incidencia con la que está ocurriendo el secuestro de migrantes debe constituir una señal de alarma que debe ser atendida debido a la injusticia que representa, al grave sufrimiento que implica para las víctimas, a la afectación directa a patrimonios familiares de por sí limitados y a la afrenta que significa para el país el hecho de que en su territorio se estén realizando secuestros colectivos, lo que a pesar de su gravedad ha recibido poca atención”, manifestó Soberanes.
Dijo que resulta inadmisible que dicho ilícito no merezca una actuación enérgica y efectiva por parte de los tres niveles de gobierno, pues hasta el momento no existe una referencia estadística de esta problemática ni se cuenta con cifras oficiales.
Además, Soberanes presentó datos revelantes de la investigación, inferidos con base en la información proporcionada por los migrantes, entre los que destacan los siguientes:
Del total de migrantes secuestrados, el 67% es originario de Honduras; 18%, de El Salvador; 13%, de Guatemala, y el resto de Nicaragua, Ecuador, Brasil, Chile, Costa Rica y Perú.
Respecto de las zonas de mayor incidencia, el sur del país, fueron secuestrados 5,416 migrantes (55%); en el norte, 981 (11.8%); en la zona centro, 124 (1.2%), en tanto que no fue posible precisar el lugar en que fueron secuestradas 3,237 víctimas (32%).
Los estados con mayor número de casos son: Veracruz, 2,944; Tabasco, 2,378; Tamaulipas, 912; Puebla, 92; Oaxaca, 52; Sonora, 45; Chiapas, 42; Coahuila, 17; San Luis Potosí, 15; México, 6; Guanajuato, Nuevo León y Tlaxcala, 5 casos en cada uno; Chihuahua, 2, y Distrito Federal, uno.
Señala la CNDH que 5,723 migrantes fueron secuestrados por “polleros”; tres mil, por diversas bandas de secuestradores sin identificación específica; 427 por plagiarios que dijeron ser “zetas”, y 44 por “maras”. En 564 casos no fue posible obtener esta información.
Del total de 6,555 permanecieron en cautiverio en casas de seguridad en malas condiciones higiénicas, en tanto que 2,448 estuvieron en bodegas. Otros lugares de retención fueron campamentos, patios, hoteles y hasta vehículos.
Sobre el trato que recibieron por parte de sus secuestradores, se infiere que nueve de cada 10 víctimas (8,478) padecieron amenazas de muerte, en perjuicio de ellos o de sus familiares o de ambos, y que fueron amagados con armas de fuego o armas blancas, si no pagaban el rescate. La investigación permite calcular que al menos 1,456 migrantes fueron golpeados con puños, pies, armas, garrotes, palos y otros objetos.
De todos estos casos de plagio, la CNDH descubrió que de 157 mujeres cuatro estaban embarazadas; dos fueron asesinadas por los plagiarios; otras fueron violadas y una obligada a permanecer con sus captores como “mujer” del cabecilla de la banda.
La CNDH se percató que muchos pobladores de los lugares donde hay casas de seguridad conocen la ubicación de éstas, lo que hace suponer que las autoridades locales también lo saben y, sin embargo, no emprenden las acciones legales correspondientes.
Finalmente, Soberanes afirmó que, no obstante la amplitud del marco jurídico aplicable, existe una reiterada y grave conducta por parte de las bandas de la delincuencia organizada y de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno en el secuestro de migrantes, aprovechando la vulnerabilidad y desprotección de los indocumentados.
Además, Soberanes denunció la ineficiencia del sistema de justicia para prevenir, investigar, perseguir y castigar el secuestro de migrantes, así como el evidente desinterés de la autoridad para prevenir el delito, proteger a las víctimas y lograr la reparación del daño, así como para que no se repita este ilícito.
http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=69687
La otra cara la frontera sur nos presenta otro problema:
México ignora su peor crimen
La secuestraron, torturaron, violaron, esclavizaron y, para no dejar huellas, la mataron. Es la historia diaria de las miles de mujeres y niñas —madres, hijas, hermanas— que en México nutren el negocio de la explotación sexual, el crimen más dañino para la sociedad, pero quizá el más impune.
Como con las drogas, la explotación sexual tiene una ruta muy clara: desde Centroamérica hasta los tres países que conforman el norte del continente: México, Canadá y Estados Unidos. Es una actividad cuyos vínculos internacionales explican la geografía de sus “capitales”: Tapachula, Acapulco, Cancún, Tijuana y Ciudad Juárez.
“A mí, un triciclero me llevó a un burdel, necesitaba el trabajo porque el coyote me había dejado tirada en Ciudad Hidalgo. Al final me enteré que la dueña pagó 300 pesos por mí”, dice una de las víctimas centroamericanas que terminó prostituída en un centro nocturno de la frontera entre Chiapas y Guatemala.
México cumple hasta la ignominia con las tres funciones básicas del negocio: importa, exporta y consume. ¿La razón? Es un paraíso de la impunidad. En un estudio elaborado entre Unicef, DIF y Ciesas, en el 2000, se constató que las sanciones contra ese delito se han incrementado, pero casi nunca los casos llegan a las procuradurías y, cuando lo hacen, “muy pocas veces éstas y otras instituciones actúan en contra de los explotadores y en beneficio de las víctimas”.
Brillan por su ausencia los programas de atención especialmente diseñados para las víctimas, quienes, por lo general, permanecen sin posibilidad de rehacer su vida.
La dimensión de este negocio se estima en más de 32 mil millones de dólares, sólo por debajo del tráfico de armas y de drogas. Sin embargo, la preocupación de México no parece tanta, ni siquiera en el discurso. Hay dos posibilidades: negligencia o complicidad.
Los estudios alrededor del tema y las víctimas que se han atrevido a hablar sobre él vinculan a autoridades y empresarios en el negocio, lo que reduce la posibilidad de “criminalizar” a las mafias.
Por eso, ante el letargo y la corrupción de las élites, lo mínimo que debe hacer la sociedad es indignarse, protestar como antes lo hizo con otros asuntos, tal vez muy importantes, pero seguro no tan abominables como este.
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/44518.html
